En coincidencia con la conmemoración a nivel mundial del día internacional para la prevención del suicidio, la diputada nacional Soledad Carrizo participó en Bs As de la Jornada “El suicidio en la Adolescencia”, llevada a cabo en la Comisión Bicameral de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En la misma y en carácter de expositora, la legisladora cordobesa destacó la importancia de este tipo de eventos, ya que consideró, “nos convoca a repensar la gravedad de esta problemática y como afecta a un grupo especialmente vulnerable, el de la adolescencia”.

“La problemática del suicidio no conoce de fronteras políticas, y reclama a todos los países del mundo generar nuevas herramientas de prevención y tratamiento. La organización mundial de la salud estima los suicidios en cifras alarmantes, que superan las 900.000 muertes anuales, esto es, cerca de 2.465 suicidios al día a nivel mundial. Estas cifras resultan aún más alarmantes si se proyectan hacia los intentos de suicidio, que doblan ese número”, agregó.

De acuerdo a datos estadísticos, desde principios de la década de 1990 hasta la actualidad la mortalidad por suicidio en adolescentes se triplicó. “Esto no hace más que ratificar la necesidad de trabajar de forma coordinada, desde todos los órganos del estado, a través de estrategias conjuntas y de forma multinivel, incluyendo no sólo a los poderes nacionales sino también a las provincias y los propios municipios”.

En este sentido, Carrizo informó que presentó dos iniciativas en la Cámara de Diputados que permiten visibilizar la preocupación sobre el suicidio y “repensar nuestras herramientas para su atención”.

El primero, proyecto de declaración dirigido al PEN manifiesta la imperiosa necesidad de contar con una pronta reglamentación de la Ley 27.130 de Prevención del Suicidio, sancionada el 11 de marzo del año 2015 y que hoy lleva 1522 días de retardo en aplicación efectiva.

“Esta normativa trajo a nuestro ordenamiento jurídico una mirada preventiva integral y transversal sobre el suicidio, declarando de interés nacional su atención e investigación, con el objetivo de capacitar profesionalmente para la detección, atención y tratamiento de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio; buscando a través de ello una disminución de su ocurrencia”, explicó la diputada nacional.

“Su reglamentación permitirá no sólo una correcta y adecuada planificación estratégica de sus objetivos, sino también una consecuente asignación presupuestaria y con ello un control de cumplimiento y reorganización de recursos que faciliten su activación territorial; facilitando incluso el cumplimiento de las recomendaciones generales expresadas en el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia sobre la situación del suicidio en la adolescencia en la Argentina”.

El segundo de los proyectos es de ley, y propone la modificación del alcance del tipo penal establecido en el artículo 83 del código penal (instigación y colaboración con el suicidio), contemplando un agravante en la pena ante casos que ameritan un mayor reproche. Concretamente, el proyecto amplia la redacción del artículo 83 a través de una escala penal más gravosa para quienes instiguen o colaboren con el suicidio de una persona menor de edad, una persona gestante y de mayores de setenta (70) años de edad.

“El suicidio adolescente debe encararse desde una perspectiva multidimensional, esto es, llevando adelantes esfuerzos transversales que permitan atender a la problemática desde diferentes frentes de nuestro estado, para lo cual el reproche penal constituye una herramienta de central importancia para su persecución y juzgamiento, permitiendo con ello fortalecer el bien jurídico protegido de la vida y la preocupación del estado por garantizarlo. Este proyecto permite poner en resalto el valor que el estado le da a la infancia, buscando punir con mayor severidad a la instigación del suicidio en sectores de mayor vulneración como son los adolescentes y niños, prestando así especial atención al incremento de mecanismos de invasión en la esfera de su intimidad de niños a través de redes sociales y plataformas digitales, y que representan un grave riesgo”, argumentó Soledad Carrizo