En un año en el que el trabajo legislativo parece opacado por el alto impacto mediático de los procesos electorales, la Cámara de Diputados mostró este miércoles 26 de junio que aun entre tantas distracciones, la infancia ocupa hoy un lugar central en la agenda del Congreso.

Así, y con un importante acuerdo transversal entre frentes políticos muy diferentes, la cámara baja dio aprobación a la “Designación del Defensor Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes” cuyo terna de nombres había sido remitida por la comisión bicameral a cargo del concurso desde hace ya algunos meses.

Varios temas –algunos incluso sobreactuados- atravesaron e hicieron eco de la designación mencionada, entre los cuales la demora en su designación, o el rechazo que desde algunos espacios manifestaron a los nombres propuestos para este cargo por su relación con el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que el año pasado se trató.

El martes 27 de diciembre del año 2005 se cumplió el plazo de 90 días que la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establecía para que el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes fuera designado.

El día miércoles, 26 de junio de 2019, fecha en la que el pliego de nombres para ocupar este cargo fue aprobado por la Cámara de Diputados ya habían transcurrido 4929 días, o 704 Semanas, o lo que es lo mismo, 13 años y medio desde aquel día. Una eternidad.

Mi primera reflexión como legisladora es sobre esta demora y lleva a preguntarme ¿De qué sirven entonces para nuestro país las leyes que sancionamos si nos acostumbramos y aceptamos su incumplimiento, si nos resignamos a esperar?

El tiempo que el Estado demora en legislar, en reglamentar y en ejecutar se traduce finalmente en demora para receptar las necesidades de la comunidad. Entender esto, es el primer paso, inicial para poder dar soluciones y ser garante de nuestros derechos.

Sin embargo, la segunda reflexión ocupa hoy un lugar central en tiempos de brecha u división, ¿tiene la infancia colores que dividen?. Para responder, es necesario comprender que en una democracia, las instituciones son más importantes que los hombres y mujeres que las ocupan. Siempre.

Y ello, precisamente porque nuestra existencia es temporal, pero no así el deseo para nuestra democracia.

En clave institucional

Lamentablemente, la brecha de los colores se instaló también ayer sobre la infancia. Y ello, en tanto no hay una comprensión sobre la función del defensor de los niños, niñas y adolescentes que la Ley 26.061 estableció en el año 2005. La ley resulta clara: “velar por la protección y promoción de sus derechos (de los niños) consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales”.

Esta ley, cuyo objeto es “la protección integral (con carácter federal) de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la nación sea parte”, cierra cualquier debate sobre colores y une cualquier posición que parece distanciada.

La designación, que estuvo a cargo de una comisión bicameral especial que personalmente integro, fue el resultado de un extenso proceso de evaluación iniciado en el año 2017. Un proceso exhaustivo, objetivo y responsable que evaluó el carácter técnico de un centenar de postulantes, entre quienes tan sólo 3 resultaron finalmente seleccionados, y cuyos nombres la Cámara de diputados ayer confirmó. 

Una sola función, proteger los derechos de la infancia.

Cómo tantas veces se ha repetido, el defensor nacional con sus 2 adjuntos deberá promover y proteger derechos de los individuos más vulnerables de nuestra sociedad, sin dobles ni triples lecturas, sin colores, sin diferencias; y sobre todo, enmarcando todo su accionar en la ley y en la constitución.

La importancia de poner en marcha esta institución se refleja en que el 62,5% de los menores de 17 se encuentra hoy con alguno de sus derechos vulnerados.

Por ello, y sólo por ello, este primer paso dado por la Cámara baja el día miércoles y que deberá completar el Senado, constituye un hito en nuestra historia legislativa.

En este complejo proceso izó bien alto una bandera sin colores –o que incluya todos los colores- pero que permita recordar que los niños son niños, su único deber es ser felices; mientras que la nuestra como legisladores es a través de las herramientas del Estado, velar por sus derechos.