La tentación personalista del poder ejecutivo nacional ha desbordado el equilibrio republicano, y hoy asistimos a una peligrosa vocación de acumular el poder decisorio en Argentina.

La práctica inaugurada en diciembre de 2019 con la ley de emergencia con la cual nos pidió al Congreso de la Nación el otorgamiento de facultades especiales para conducir la negociación de la deuda y resolver algunas de las problemáticas económicas más urgentes; hoy se ha convertido en una constante.

Más de 40 decretos de necesidad y urgencia en lo que va de la gestión fueron coronados el día domingo a través del decreto 457/2020 mediante el cual el Poder Ejecutivo  aumentó en 498 mil millones de pesos el gasto público, y suspendió los límites que establece el artículo 37 de la ley de administración financiera 24.156 para que el jefe de gabinete pueda reestructurar el presupuesto.

El maquillaje de la emergencia le ha permitido a nuestro presidente una actividad discrecional, que no obstante entenderse necesaria por su ejecutividad en especiales tiempos de emergencia, no debe oscurecer la necesaria participación que la deliberación y el control reclaman por parte del Congreso en el estado democrático de derecho en el que vivimos.

Todas las fuerzas políticas, opositoras y amigas, han hecho eco de su preocupación por las pretensiones de concentrar el poder, suspender límites legales dispuestos por este Congreso en la ley 24.156 y relegar al órgano deliberativo a un papel de testigo y convalidador del desequilibrio republicano.

Tal como hemos hecho desde nuestro espacio político, asumimos el compromiso de acompañar y trabajar por el consenso que permita al presidente tomar las decisiones necesarias para atender esta crisis sanitaria y económica; mas no por ello debemos consentir de forma irresponsable prácticas que avasallen la división de poderes y debiliten el control institucional y republicano que el Congreso tiene por sobre el ejecutivo.

Con un Congreso ya en pleno funcionamiento, decisiones como estas resultan contrarias al dialogo republicano, en tanto siendo una competencia propia del órgano legislativo, el Poder Ejecutivo debió seguir el trámite ordinario previsto en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, si era su intención la de reformar una ley como la 24.156. Este es el camino que de ahora en más debe asumir para que todos los poderes del estado participen en el diseño de políticas y medidas frente a esta crisis.

En esta sintonía preocupa también las continuas referencias que el propio gobierno hace del poder judicial, deslegitimando y atentando contra su independencia, alimentando en la sociedad una sensación de inseguridad e inestabilidad por sobre el órgano encargado de aplicar y juzgar el derecho; más aún por sobre el máximo tribunal de nuestro país.

Consideramos necesario que sea el congreso quien en el marco de un debate profundo y responsable revise el proyecto de ley que el Ejecutivo va a remitir sobre la reforma del Poder Judicial, pero consideramos excesivas todas las apreciaciones personales que atentan contra la legitimidad de cualquier órgano del estado.

En tiempos de crisis es la mesura y la moderación lo que permiten sostener la sensación de equilibrio y normalidad como primera medida para resolver todos los desafíos que restan enfrentar.