Emprender el retorno desde la capital de nuestro país hacia Córdoba me permitió reflexionar con más detenimiento sobre la insólita situación que atravesamos durante el desarrollo de la sesión en la Cámara de Diputados.

El antiguo refrán “Dos cabezas piensan mejor que una, y varias cabezas, mucho mejor aún”, de habitual utilidad para el trabajo legislativo -y acreditada en el hecho de que la opinión y control que efectúan los 257 miembros sobre cada proyecto mejora el resultado final y tiende a perfeccionar una ley; ayer demostró su excepción.

Una cámara dividida en dos o más cabezas dejó en evidencia la inutilidad de la grieta política, pero más aún, el lamentable oportunismo de anteponer interpretaciones reglamentarias mezquina a la verdadera necesidad de legitimar el trabajo dentro del congreso.

La excepcionalidad conveniente

Acostumbrados a justificar su actuar en la ya reiterada “excepcionalidad y anormalidad”, el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados y las autoridades del bloque oficialista y mayoritario, permitieron por primera vez en nuestra historia democrática e institucional, el funcionamiento paralelo y simultáneo de dos Cámaras de Diputados: una presencial y una virtual.

Los más de 160 días de cuarentena que nuestro país lidera a nivel mundial, anestesiaron la reacción y sorpresa de los argentinos, normalizando una imagen grotesca y amorfa, la de un Congreso dividido no solo políticamente, sino en su funcionamiento paralelo.

Luego de un sinnúmero de proyectos y versiones preliminares que con las que buscamos definir con mayor precisión posible las reglas de trabajo durante la pandemia, el 13 de mayo de 2020 la Cámara aprobó el “Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto”, generando una herramienta que nos permitió continuar con relativa normalidad el trabajo legislativo: presentar proyectos, reuniones de comisión, dictámenes y sesiones.

Este protocolo, inicialmente vigente por un período de 30 días, permitía su prorroga mediante una fórmula tan imprecisa como oportuna: la misma debe ser refrendada por consenso de la Comisión de Labor Parlamentaria; esto es, por acuerdo de todas las autoridades de cada uno de los bloques que integran dicha comisión.  

El protocolo de excepcionalidad fue prorrogado en una oportunidad, perdiendo vigencia a principios del mes de agosto, fecha desde la cual no fue nuevamente prorrogado; retornado como consecuencia a las reglas ordinarias y normales de funcionamiento de la Cámara, esto es, la presencialidad.

Vencimiento oportuno (para el oficialismo) del protocolo

Desde su vencimiento, varias turbulencias legislativas azotaron sorpresivamente al Congreso, principalmente la ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal o incorrectamente llamada “Reforma Judicial” (aprobada en apenas tres semanas en el senado), el conocido “Proyecto de Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas” y ya asoma públicamente “la Modificación de la Fórmula Jubilatoria”.

A este derrotero de sorpresas, se sumó la convocatoria a una sesión especial solicitada por el diputado Kirchner para tratar los proyectos de ley de emergencia turística nacional y la modificación de la Ley Federal de Pesca. Sin protocolo de trabajo legislativo vigente y ante la necesidad de avanzar con ambos temas, la única solución era el debate presencial.

Lejos de un irreconciliable debate semántico sobre el alcance de la palabra “consenso”, el eje de la discusión y ruptura se apoyó en las dificultades para seguir sesionando de manera virtual; derivadas de la falta de garantías que aseguren un debate real y profundo sobre temas que verdaderamente preocupan: la reforma judicial y el impuesto a las grandes riquezas.

La envergadura de ambos temas, así como la responsabilidad de cada uno de los legisladores para trabajar reflexivamente sobre los mismos, se contraponen contra la inexplicable premura y la injustificada urgencia que el gobierno nacional ha querido imprimirle a ambos proyectos.

Frente a ello, y con un protocolo de virtualidad vencido, resulta inexplicable la posición asumida por legisladores cordobeses quienes convalidaron con su presencia virtual el desarrollo de una sesión antirreglamentaria, ilegal y de groseros tintes inconstitucionales.

El congreso argentino como institución de respeto republicano

Se ha puesto en riesgo la legitimidad del Congreso y la fortaleza de las decisiones democráticas a través de desacuerdos no solo semánticos, sino de fundamental importancia para una democracia sana; que lamentable se han resuelto mediante la fuerza topadora de mayorías circunstanciales, más que dialogo real.

Detrás de un Congreso con puertas cerradas se esconde una oportunidad aprovechada por el oficialismo para dominar, anular el debate y desde allí generar una agenda propia vinculada a sus “urgencias”, más que a las necesidades reales.

Tal como lo planteamos desde el inicio de la pandemia, el Congreso debe funcionar, y si la virtualidad no nos ofrece garantías para una labor legislativa seria y responsable, continuaremos nuestra labor presencialmente.

Cuando se habla de cerrar la grieta, es acortar distancias, es confiar en los consensos para trabajar. Hoy, esta brecha vuelve a extenderse, y nos separa la legalidad de la anomia. En este momento el oficialismo no respeta los propios protocolos de la casa donde se crean las leyes.

Lejos de una cámara de diputados de dos cabezas, nuestro país reclama más que nunca unidad y diálogo dentro del Congreso, y trabajar desde nuestras bancas para acortar las distancias que nos separan no sólo desde las provincias a la capital, sino de la legalidad a la ilegalidad.