“La renuncia de la Dra. Gils Carbó a su cargo de Procuradora General de la Nación se traduce en un paso más hacia la revitalización de nuestra república; no sólo colaborando con el fortalecimiento de la debilitada independencia que este órgano demostraba, sino restituyendo su función constitucional de guardián de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”.

“La batalla contra la corrupción y la custodia del estado de derecho”, amplió la diputada nacional, “debe estar en manos de la neutralidad y la independencia, para que sea la voluntad de las leyes y no la de los hombres la que oriente a nuestro país y hagan realidad las promesas constitucionales”.

Hacia 1994, la reforma constitucional aportaría a la República Argentina una figura de trascendental valor para garantizar la actuación de la justicia y la defensa de la legalidad: la instauración del Ministerio Público. “Este órgano, traducido en la labor de dos actores, el Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación, reclama independencia y la autonomía; condiciones que precisamente permiten la efectiva defensa de los intereses generales de la sociedad”, concluyó Soledad Carrizo.