Transitados ya más de 60 días del dictado del decreto 297/2020 que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio, Argentina encuentra frente a si nuevos y crecientes desafios que superar.

La concentración de las decisiones en cabeza del Presidente de la Nación, se alinea hoy con la potestad de los gobernadores para resolver si mantienen o flexibilizan los alcances del aislamiento a través de actividades locales, hasta hace poco tiempo restringidas para todo el país.

Frente a este escenario de responsabilidad compartida, el gobierno de Córdoba suma a su caudal de problemas 2 (dos) particulares situaciones de las cuales aún no ha rendido cuentas: la reforma  de la ley de jubilaciones y pensiones -atacando el ingreso del sector más vulnerable en la pandemia- en una sesión virtual de poco más de 3 horas; y la imputación a dirigentes sindicales y choferes del gremio de UTA y representantes del sector comercial por manifestarse públicamente en reclamo de sus derechos.

Siempre democracia

Ambos acontecimientos nos interpelan a repensar, no ya como autoridades del estado sino como ciudadanos, cuál es el alcance y cuáles son los límites de una situación excepcional a través de la cual se justifica el atentado a los derechos más importantes de la vida en democracia: la libertad de expresión y la protesta.

La discusión sobre la restricción al mínimo posible el libre ejercicio de ambos derechos en un estado democrático constitucional se reaviva hoy frente a un gobierno provincial que desatiende la finalidad misma de la política, la de ser un medio generador de acuerdos, de consenso y de construcción, más que de imposición, avasallamiento y represión.

La democracia es precisamente el pilar sobre el cual se balancean en un equilibrio dinámico los derechos fundamentales; régimen por el cual todos los conflictos sociales encuentran en el debate y el juego de mayorías y minorías la resolución pacífica más que el simple acallamiento a través de la amenaza de la sanción.

Las tensiones son connaturales a la vida en sociedad; pero aquellas que plantean una fricción entre los intereses de los ciudadanos y el estado, son aún más importantes en tanto permiten visibilizar el conflicto entre lo público y lo privado; desnudando en muchas oportunidades decisiones que, maquilladas bajo una apariencia de necesidad, ocultan el avasallamiento a derechos.

Esta semana, el principal problema es que tanto el estado provincial como el municipal -gobernados por el mismo color político- han resuelto soluciones poco democráticas: un proyecto de ley desconocido hasta pocas horas antes de tratarse, un debate de apenas minutos de duración, un disciplinamiento partidario tirano que invisibiliza a las minorías dentro de la legislatura y la prohibición de protestas y reclamos hacen de nuestra provincia un verdadero escenario de dominio absolutista.

La función del Estado

En medio de esta reflexión a la que hemos sido convocados, nos vemos enfrentados a una pregunta de difícil pregunta: como ponderamos en una situación de equilibrio el derecho de protesta, condición fundante de la democracia frente al cumplimiento del aislamiento social?

O reformulando la pregunta, como conjugamos el requerimiento del confinamiento en el hogar y el derecho al reclamo de la sociedad; esto es ¿cómo hacen jubilados, pensionados y trabajadores para manifestar su disconformidad frente a una ley abusiva y agraviante que desnuda la hipocresía de un gobierno que los considera vulnerables pero a su vez no lo suficiente para ajustar?

En un contexto de continuas renuncias que gran parte de la sociedad viene haciendo a sus actividades, limitar el derecho de protesta es limitar la democracia y el disenso, valores fundantes del pluralismo y el control.

La pasada semana, ha mostrado decisiones políticas equivocadas, seguramente ocasionadas por el desgaste que genera vivir en una situación sanitaria constante que lleva ya más de dos meses y con miras a extenderse. Sin embargo, el distanciamiento social no es el justificativo para asestar nuevos golpes y poner en peligro la columna vertebral del Estado democrático: la libertad de expresión y la protesta.

El Estado debe garantizar el debate y la generación de consensos entre los distintos grupos e intereses de la sociedad en su conjunto, si no cumple con esta función esencial, existe la posibilidad que cada uno de estos grupos en situación crítica salga a la calle poniendo en peligro su integridad personal y la de los demás.

Ni aun en la emergencia, la protesta puede ser confinada al aislamiento. Utilizar una medida de prevención sanitaria como herramienta de silenciamiento de oposición y control social nos lleva a pensar si estamos frente a un oportunismo o necesidad política.