En instancias donde brilla la ausencia de un plan económico, donde más de 40 mil empresas han cerrado sus puertas, donde la inseguridad crece diariamente y el gobierno suma dependientes económicos no es momento de hacer corte y confección institucional.

Hago eco del rechazo a un debate que hoy no alimenta la unidad social prometida, atenta contra la seguridad jurídica y la estabilidad republicana.

Reclamamos compromiso con problemáticas sociales y económicas urgentes, más que agigantamiento y burocratización de un órgano que con sus miembros actuales puede funcionar correctamente.

Las necesarias reformas a la justicia argentina deben transitar por la eficiencia, el acceso sin demoras ni obstáculos, la celeridad en las respuestas, la fundamentación de las decisiones y el compromiso real con los Derechos Humanos, más que la burocratización y el incremento del gasto.

En momentos donde la ciudadanía reclama transparencia y gestión con coherencia ¿por qué modificar hoy una postura clara y tantas veces reiterada por el mismo presidente sobre la importancia de conservar una Corte Suprema de 5 miembros y evitar jueces dependientes del poder político?